Por Kevin Galindo

Su labor gira en torno a la prevención de los hechos en contra de la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, verifica las condiciones en las que se encuentran, la presencia del uso de fuerza, abuso o arbitrariedad por funcionario o agentes del estado en la presentación de servicios públicos, o de hacer cumplir la ley en los centros para hombres, mujeres y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Allan Guzmán, representante de la institución, dijo que desde el inicio de la pandemia del Covid-19, las denuncias más recurrentes son por servicios brindados en la red hospitalaria pública y algunas restricciones para recibir encomiendas y visitas.

"Invitamos a la población a denunciar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes" dijo Allan Guzmán. Las denuncias pueden ser trasladadas a través de las plataformas de internet y los teléfonos 4589-8919 y 2221-1065.