3 de junio de 2025 - 11:10 AM
Por La Redacción 


El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que el Ministerio Público de Guatemala “obedece al crimen”, luego de que una Sala guatemalteca, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), emitiera una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez.


Petro hizo el comentario al referirse a las denuncias contra los dos funcionarios por supuestas irregularidades durante su trabajo hace unos años en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y comparó la situación con la supuesta persecución de que fue objeto por el exfiscal general colombiano Francisco Barbosa y con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo.


“La Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, manifestó Petro en su cuenta de X.


“Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes  cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”, agregó el mandatario. 


Gobierno de Guatemala también rechaza órdenes de captura 

A través de un comunicado, el Gobierno de Guatemala rechazó “enfáticamente” las ordenes de captura emitidas en contra de Velásquez y Camargo. 


“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de justicia y Derechos Internacional, contenidos en la Carta de la ONU y de a Organización de los Estados Americanos”, señaló.   


Agregó que estas acciones tienen un “evidente objetivo político”, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la “seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la fiscal general de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala”.