12 de noviembre de 2024 - 9:45 AM
Por La Redacción
Después de 90 días en prisión, la directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del Movimiento Semilla, Ligia Hernández, decidió acogerse a un procedimiento de aceptación de cargos por un caso de financiamiento electoral no registrado.
Hernández, exlegisladora (2020-2024) y cercana al presidente Bernardo Arévalo, informó en un comunicado sobre la aceptación de cargos, pese a mantener su inocencia.
“Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado, y a la luz de los hechos, pareciera no cambiar pronto”, expuso Hernández.
La exlegisladora indicó que tomó la decisión de aceptar los cargos en su contra pese a su inocencia ya que debe proteger a su familia y su salud personal.
“Desde el 13 de agosto de este año enfrenté un proceso legal ampliamente conocido y lo hice siempre con la frente en algo, sin miedo y defendiendo la verdad. Aún así, luego de todo este tiempo, me encuentro desolada, deprimida y enferma. Cada minuto en prisión es una tortura y finalmente llegué a mi límite”, explicó.
“Hoy recupero mi libertad con la conciencia tranquila y convencida de que el horizonte aguarda nuevas oportunidades para luchar por un futuro próspero para nuestro país. Guatemala ya tiene suficientes mártires y yo no será una más”, afirmó Hernández.
Tras aceptar cargos, el Juez Fredy Orellana decidió condenar a Hernández a un año de prisión conmutable y una multa de Q10 mil, pero fue beneficiada con la suspensión de la pena impuesta.
Caso sigue bajo reserva
La acusación en contra de Hernández no se hizo pública ya que el juzgado penal a cargo del caso, bajo el mando del juez Fredy Orellana, mantuvo el proceso judicial bajo reserva, una figura de confidencialidad dentro del sistema judicial.
Orellana se encuentra sancionado por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, al igual que la cúpula del Ministerio Público que acusó a la exdiputada.
Hernández, de 42 años, es la actual directora del Instituto de la Víctima, puesto que ocupa desde febrero pasado por decisión del presidente Arévalo y que mantiene tras su salida de prisión.
La funcionaria fue detenida el pasado 13 de agosto por el Ministerio Público y desde esa fecha estuvo en prisión preventiva por el caso, del cual se desconocen más detalles debido a la decisión del juez Orellana.
Luego de la captura de Hernández en agosto, Estados Unidos manifestó su rechazo a la detención de la exlegisladora y catalogó la captura como un ejemplo más del uso del sistema judicial como arma por parte del Ministerio Público.
