20 de agosto de 2023 – 2:20 PM  
Por BBC Mundo  

Guatemala elige este domingo a su nuevo presidente en unas elecciones atípicas, envueltas en polémica y en un claro ambiente de incertidumbre sobre qué pasará tras conocerse al ganador. 

Y no se debe precisamente a la dureza que pueden haber mostrado en sus mensajes de campaña los dos candidatos que compiten en esta segunda vuelta: Sandra Torres y Bernardo Arévalo, quien parte como favorito según las últimas encuestas. 

Ex primera dama del país, Torres es vista como la fórmula continuista del gobierno actual tras haber transitado de la socialdemocracia a un mayor conservadurismo. 

Hijo del expresidente Juan José Arévalo, el progresista Bernardo Arévalo se presenta en cambio como “el candidato anticorrupción” que trata de romper con la clase política tradicional que lideró los últimos dos ejecutivos. Su victoria supondría un notable giro a la izquierda en el país. 

Tras haber ya pasado la primera vuelta, la Fiscalía estuvo a punto de dejar fuera a Movimiento Semilla —el partido de Arévalo— por presuntas irregularidades en su formación, lo que llevó a que miles de guatemaltecos salieran a protestar a las calles. 

Tras ese inesperado segundo puesto logrado por Arévalo, justo por delante del candidato del partido del actual presidente, Alejandro Giammattei, la Fiscalía impulsó investigaciones que ordenaron suspender la candidatura de Semilla y que incluso se temió que pusieran en riesgo la continuidad de todo el proceso electoral. 

Los jueces se han convertido así en un actor clave en estas elecciones presidenciales —tanto o más que los propios candidatos—, por lo que la población guatemalteca sigue muy de cerca las decisiones que salen de los tribunales y que se teme podrían seguir afectando al proceso incluso después de las elecciones del domingo, dado que las pesquisas siguen en marcha. 

“Esta elección es atípica por la embestida que se le ha venido dando desde el mismo Ministerio Público (Fiscalía), que es algo completamente excepcional en los procesos electorales anteriores”, asegura la politóloga guatemalteca Gabriela Carrera. 

“La estrategia no es nueva, tras la criminalización que hemos visto en los últimos años a periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Pero esta vez la criminalización se trasladó a ser persecución política, en lo que el organismo judicial ha tenido un papel clave al actuar contra una opción diferente a la de los dos últimos gobiernos”, le dice a BBC Mundo. 

El polémico proceso judicial 

Después de que las autoridades electorales prohibieran por motivos técnicos la participación en estas elecciones de varios precandidatos de perfil alejado al conservadurismo oficialista, la polémica continuó cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó no oficializar los resultados de la primera vuelta hasta realizar un nuevo cotejo de las actas. 

La medida, puesta en marcha tras el reclamo de nueve partidos entre los que se encontraban la UNE de Sandra Torres y el oficialista VAMOS, provocó fuertes críticas de organismos internacionales, pero el recuento no arrojó cambios sobre los resultados. 

Fue entonces cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche —incluido al igual que la fiscal general, Consuelo Porras, en la lista Engels del Departamento de Estado de EE.UU. de “actores corruptos y antidemocráticos”—anunció la suspensión de Movimiento Semilla por un presunto uso de firmas fraudulentas para su formación como partido. Arévalo calificó esta decisión de “golpe de Estado técnico”. 

La CC, sin embargo, frenó la orden judicial basándose en que ningún partido político puede ser cancelado en el transcurso de un proceso electoral, lo que dio de nuevo luz verde a la participación del candidato en segunda vuelta. 

Foto: AFP 

Pese a ello, la policía y agentes de la Fiscalía allanaron las oficinas de Semilla en busca de documentación como parte de su investigación. 

También fue allanada en varias ocasiones la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el que la Fiscalía mantiene al menos otras 13 investigaciones penales para verificar el papel de las juntas electorales a cargo de las mesas de votación en primera vuelta y la veracidad de los resultados. 

El organismo pidió protección a la CC ante el temor de que estas acciones de las autoridades pudieran vulnerar el proceso electoral y la democracia en el país. 

“En Guatemala no hay ningún ámbito que no sea sujeto de amparos, y siempre hemos tenido procesos electorales con grados muy altos de hiperjudicialización que se han intentado manipular a través de esa figura. Pero ahora pareciera que el Ministerio Público ha tenido una especie de dedicación en sacar a candidatos incómodos del proceso”, dice Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala.