15 de diciembre de 2024 - 4:47 PM
Por Henry González y Yoseph Amaya
Guatemala registró, entre los años 2012 y 2023, un total de 7 millones 436 mil 178 casos de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y de alimentos, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De estos datos, el especialista en Gestión Integral del Agua, Giovanni González, destaca que más de un millón se registraron en los departamentos de Guatemala con salida al océano Pacífico, entre ellos San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.
La población más afectada incluye a los niños de entre 1 y 4 años, quienes representan el 41.72% del total de casos registrados. Noé Colop, médico epidemiólogo, explica que los menores de 5 años son más propensos a contraer bacterias como Shigella, Salmonella, así como rotavirus o norovirus, debido a que su sistema inmunitario aún no se ha desarrollado por completo. También, afirma que otro grupo vulnerable incluye a las personas de la tercera edad con enfermedades crónicas.
La contaminación puede provocar infecciones estomacales severas, que causa que la población acuda a los servicios de salud pública de Guatemala.
Además de las infecciones estomacales severas causadas por la contaminación del agua, Colop señala que en las poblaciones cercanas a fábricas industriales existe una mayor probabilidad de que el agua se contamine con metales pesados como el plomo y el cadmio, los cuales pueden causar alteraciones en el sistema nervioso central. Asimismo, en los territorios explotados por el sector agroindustrial, el uso de pesticidas e insecticidas se filtra hacia los ríos y, posteriormente, es consumido por las personas a través del agua, provocando daños en el hígado y los riñones. El especialista también resalta que, cuando las mujeres embarazadas consumen agua contaminada con estos químicos, existe el riesgo de daño fetal o incluso de malformaciones en el feto.
Guatemala no cuenta con registros actualizados sobre las defunciones de origen ambiental relacionadas con la contaminación del agua, debido a la falta de una metodología adecuada para analizar estas causas, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el último informe disponible indica que, entre los años 2000 y 2013, se registraron 250,131 muertes de origen ambiental directamente asociadas con el acceso y la contaminación del agua, lo que representa el 25.48% del total de muertes en ese periodo.
A nivel global, el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2021 estima que cada año mueren aproximadamente 829,000 personas debido a la diarrea causada por la falta de acceso a agua potable, saneamiento y condiciones adecuadas de higiene. Estas muertes representan el 60% de todas las muertes por diarrea en el mundo, afectando especialmente a niños menores de cinco años, que representa el 5.3% del total de muertes en este rango de edad. No obstante, Guatemala sigue sin contar con datos actualizados que reflejen con precisión la magnitud de las muertes relacionadas con la contaminación del agua en años recientes.
La población infantil es la más afectada por afecciones producto de las contaminación.
Contaminantes y plástico ahogan los ríos en Guatemala
En Guatemala, la problemática del agua y la contaminación de los ríos es problema que afecta tanto a las comunidades como a los ecosistemas. Desde el organismo ejecutivo se plantea un desbalance en la distribución del agua, pues mientras la industria consume el 70% del recurso, solo el 3% llega a los hogares, lo que limita el acceso seguro al agua potable para las familias. Además, según las Naciones Unidas, la inversión en el sector de agua y saneamiento en el país representa menos del 1% del Producto Interno Bruto, en contraste con el promedio de América Latina y el Caribe, que alcanza el 1.6%.
Sergio Izquierdo, de la organización Rescue The Planet, recalca la gravedad del problema al señalar que más del 90% de los ríos guatemaltecos están contaminados, lo cual afecta no solo el ambiente, sino también la salud y el bienestar de la población. La contaminación de los ríos provoca una cadena de impactos negativos, desde la afectación a la biodiversidad hasta el riesgo para la salud humana. En un estudio titulado "Más de 1,000 ríos son responsables del 80% de las emisiones fluviales mundiales de plástico al océano", la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia indica que Guatemala genera 7,100 megatoneladas de residuos plásticos al año. Además, identifica 16 ríos del país como principales emisores de estos residuos hacia el océano.
Más del 90% de los ríos guatemaltecos están contaminados, de acuerdo con expertos.
El río Las Vacas, uno de los más contaminados, atraviesa Ciudad de Guatemala y se une al río Motagua, formando una corriente que transporta basura, especialmente plásticos, desde el interior del país hasta el mar Caribe. Este río recoge residuos domésticos e industriales que, en temporada de lluvias, son arrastrados hacia el Motagua y acaban en el mar. Otra situación similar ocurre en el río Ocosito, en el departamento de Retalhuleu. Desde el año 2018, la acumulación de desechos sólidos en este río ha crecido desde medio kilómetro hasta tres kilómetros en áreas como las aldeas de Tres Cruces, La Barrita y El Chico. Ricardo Morales, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señala que los desechos plásticos y materiales de duroport contaminan tanto el agua como los ecosistemas de manglares y la fauna costera.
La economía local también experimenta las consecuencias de la contaminación. Pescadores como don Mynor Alvarado, líder comunitario de la aldea El Chico, explica que varios peces han muerto atrapados en el plástico que llega al río, lo que reduce la disponibilidad de pescado para la venta y afecta directamente sus ingresos. Aunque el MARN ha implementado el Acuerdo Gubernativo 19-2021 para proteger las cuencas hidrográficas y promover estrategias de conservación, los habitantes de comunidades como El Chico consideran que el apoyo gubernamental ha sido insuficiente, y exigen mayor atención para detener la acumulación de desechos que continúa afectando sus comunidades y sus medios de subsistencia.
Los ríos de Guatemala arrastran enormes cantidades de basura, que terminan en los océanos.
El sector justicia enfrenta obstáculos en condenas a responsables de contaminación
Entre enero y septiembre de este año, el Ministerio Público registró 41 denuncias por contaminación del agua. Sin embargo, en los últimos tres años solo se ha emitido una sentencia condenatoria, ya que en el 80% de los casos los jueces aplican un criterio de oportunidad, dependiendo de la gravedad de los hechos. La sentencia en mención está ligada al delito de contaminación ambiental, en el que se probó que la empresa KL Primetex Guatemala S.A. contaminó el suelo y el agua en el municipio de Palín, Escuintla. Como resultado, se impuso una pena de tres años de prisión conmutables contra Kyu Jeong quien fungía como administrador, además de una reparación digna de 541,693 quetzales.
Según el abogado penalista Carlos Martínez, el bajo porcentaje de condenas por contaminación se debe a las penas establecidas en la legislación guatemalteca, que estipulan entre 1 y 2 años de prisión y multas de 3,000 a 10,000 quetzales para quienes sean hallados culpables de contaminar el aire, el suelo o las aguas. Esto permite que los acusados accedan a un criterio de oportunidad, una medida que les permite “resarcir” los daños sin recibir una condena formal. Martínez también señala que el Estado enfrenta dificultades para probar la contaminación del agua y vincularla a personas individuales o jurídicas. Además, subraya la falta de una ley de aguas que incorpore estándares internacionales para la protección del recurso hídrico.
En los últimos tres años solo se ha emitido una sentencia condenatoria por contaminación en Guatemala.
En agosto de este año, el organismo Ejecutivo anunció una propuesta para crear una ley de aguas, una iniciativa que no es nueva, pues en 2016 ya se presentaron proyectos de ley como la 5161 y la 5098. Estos proponían establecer una legislación para el manejo integral y sostenible del recurso hídrico y una ley que concentrara la autoridad sobre lagos, lagunas, ríos y sus cuencas, aunque ambas iniciativas quedaron archivadas en el Congreso.
En cuanto a esta nueva propuesta, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reconoció que no existe aún un borrador para la nueva ley de aguas en Guatemala, aunque la propuesta buscará el consenso entre diferentes sectores sociales. Como único país de Centroamérica sin una ley de aguas, Guatemala podría beneficiarse de un marco regulatorio que promueva el uso racional del agua y permita crear secretarías para supervisar la contaminación, según lo explica el abogado Martínez. Esto facilitaría también el acceso a fondos para financiar laboratorios que identifiquen causas de contaminación y favorezcan la prevención en las fuentes hídricas.
Guatemala y Honduras, vecinos que comparten el problema de la contaminación de sus aguas
El problema de la basura y los desechos sólidos provenientes de Guatemala que llegan a las playas de Omoa ha aumentado desde 2007, alcanzando su punto más crítico en 2021. Ana Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, señala que no ha habido avances significativos en el ámbito gubernamental para solucionar esta problemática.
Desechos provenientes de Guatemala llegan hasta las playas de Omoa, Honduras.
Morales aclara que las biobardas, instaladas como barreras flotantes para retener los desechos sólidos en los ríos de Guatemala y evitar que lleguen a Honduras, son solo una solución superficial frente al problema de la contaminación y recalca que la causa principal de esta crisis es la ubicación del basurero municipal en la zona 6 de la capital, que se encuentra en una vertiente natural. Durante la temporada de lluvias, esta vertiente arrastra gran cantidad de residuos, principalmente plásticos, hacia el río Motagua. Estos residuos tardan unos ocho días en llegar a las costas hondureñas, afectando negativamente el sector turístico.
La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras señala que, a pesar de los esfuerzos para contener los desechos sólidos y evitar que lleguen a las playas de Honduras, aún no existe voluntad política en Guatemala para trasladar el basurero de la zona 6 en Ciudad de Guatemala, el cual consideran el principal problema que afecta sus costas.
La ubicación del basurero municipal en la zona 6 de la capital es la principal causa de los desechos que llegan a las playas de Omoa.
Amílcar Fajardo, director municipal de Turismo en Omoa, manifiesta que el problema de los desechos sólidos y el plástico que llegan a sus playas afecta la economía local, ya que el turismo representa el 70% de los ingresos del municipio. La disminución de la actividad turística también genera desplazamiento de trabajadores y personal.
Además de afectar la economía y el turismo, la llegada de plásticos y otros desechos ha perjudicado la biodiversidad marina, según expone Sergio Izquierdo.
"El plástico ha contaminado a los peces, reduciendo su población, lo que obliga a muchos pescadores a alejarse de sus familias y unirse a las caravanas de migrantes que viajan a Estados Unidos en busca de mejores ingresos".
Al observar los factores que detonan la contaminación y sus efectos en la salud de los habitantes de Guatemala y Honduras, surgen interrogantes sobre las personas que quedan fuera de estas cifras y que están siendo vulneradas por la falta de acceso a servicios básicos de agua y saneamiento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Honduras, ocho de cada 100,000 personas mueren cada año debido a la falta de acceso a agua potable segura, saneamiento e higiene, lo que coloca al país como el tercero en América Latina con la tasa de mortalidad más alta, después de Guatemala y Haití. Esta cifra pone de manifiesto las deficiencias en los sistemas de saneamiento en ambos países.
Más allá de las cifras oficiales, existen comunidades cuyas realidades no se reflejan completamente en los registros y que siguen siendo afectadas por el agua no potable a la que tienen acceso. Esto resalta la necesidad urgente de políticas públicas eficaces y soluciones sostenibles para mejorar la calidad del agua y reducir los riesgos para la salud en ambas naciones.
