25 de agosto de 2024 - 4:00 PM
Por La Redacción/Con información de AGN
Guatemala se encuentra bajo fiscalización internacional por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a la detención arbitraria de tres personas, incluido el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022.
La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo detalló en un comunicado que además de Zamora Marroquín, la ONU está al tanto e investigó las detenciones de Sergio Alfredo Herrera Acevedo y la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción en contra del gobierno anterior.
El Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos, capturó a Zamora Marroquín bajo cargos de lavado de dinero, que lo mantienen en prisión preventiva.
También Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, estuvo en prisión entre 2022 y 2024 por un supuesto delito administrativo cometido en 2018, cuya acusación estuvo a cargo del exrelator contra la Tortura de Guatemala, Lesther Castellanos Rodas, también sancionado por Estados Unidos con el retiro de su visa.
Debido a la persecución judicial del MP, Laparra decidió salir del país este año para exiliarse.
Por aparte, Herrera Acevedo es hijo del operador político Gustavo Herrera, acusado en múltiples casos de corrupción estatal en Guatemala, y estuvo en prisión preventiva de 2019 a 2022 por un caso de 2003.
Bajo vigilancia internacional
En tanto, la Copadeh añadió que Guatemala se encuentra bajo la vigilancia y la supervisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas Crueles, inhumanos o degradantes, ambos mecanismos de protección para los derechos humanos por parte de la ONU.
En julio pasado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita de cinco días a Guatemala para verificar la situación de la democracia en el país, a petición del gobierno de Arévalo.
Entre 2019 y 2023, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas de Guatemala decidieron salir al exilio tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y también por la Unión Europa.
