26 de noviembre de 2024 - 6:30 AM
Por La Redacción / Voz de América
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, Daniel Ortega, aprobó el pasado viernes una amplia reforma constitucional que otorga más poder al Ejecutivo, amplía el periodo presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta. La reforma fue presentada por el presidente Daniel Ortega con carácter de urgencia y fue aprobada en primera legislatura con el respaldo de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Uno de los cambios más significativos de la reforma es la creación de los nuevos cargos de copresidente y copresidenta, con los cuales se formaliza el poder compartido entre Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta medida ha generado controversia, ya que la oposición considera que con esta reforma se legaliza el "poder absoluto" de la pareja presidencial.
Además, la reforma extiende el período presidencial y el de los diputados de la Asamblea Nacional de cinco a seis años, un cambio que permitirá a Ortega, quien actualmente tiene 79 años, mantenerse en el poder por más tiempo. Ortega ha reiterado en diversas ocasiones que Murillo ejerce el mismo nivel de poder que él al frente del Ejecutivo, lo que refuerza su control sobre el gobierno.
Otro aspecto relevante de la reforma es el fortalecimiento del control estatal sobre los medios de comunicación. La reforma establece que el Estado debe garantizar que los medios no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen "noticias falsas", un tema particularmente sensible dado que desde 2020 está en vigor una "Ley de Ciberdelitos" que castiga la difusión de información considerada falsa con penas de hasta 10 años de prisión.
Asimismo, la reforma otorga al Ejecutivo la facultad de ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional en situaciones que pongan en riesgo la estabilidad del país. También autoriza a policías y militares a ocupar cargos temporales en el ámbito Ejecutivo, lo que ha sido interpretado como un refuerzo a la militarización del gobierno.
La reforma también formaliza la creación de la Policía Voluntaria, una fuerza que surgió en respuesta a las protestas sociales de 2018, las cuales fueron reprimidas violentamente, resultando en más de 300 muertes, según organismos de derechos humanos. Esta fuerza está compuesta en su mayoría por exmilitares que lucharon durante la Revolución Sandinista (1979-1990).
La reforma aún debe ser aprobada en una segunda legislatura, lo que ocurrirá en enero de 2025, según explicó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Sin embargo, ya ha sido ampliamente criticada por la oposición y por organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), que han denunciado que la reforma busca consolidar el poder de Ortega y perpetuar su régimen.
