Por: Kevin Galindo
27 de mayo 2021 - 17:00 PM
La investigación del denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, relaciona la forma cronológica como fuerzas de seguridad del Estado entre los años 1983 a 1985, secuestraron, trasladaron a centros clandestinos de detención, torturaron, violentaron sexualmente y ejecutaron a más de 183 personas consideradas enemigas internas con base en la concepción de los manuales y planes militares.
El Diario Militar consta de 73 hojas tamaño oficio distribuidas en seis secciones: las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia, con listas de cateos efectuados a diferentes casas y organizaciones de derechos humanos; la sexta consta de un registro pormenorizado de 183 personas sometidas a diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial.
Personal de la Fiscalía de Derechos Humanos en coordinación con la Policía Nacional Civil, logró realizar 17 diligencias de allanamientos, ejecutando 11 órdenes de aprehensión en contra de los sindicados dentro del proceso penal, quienes podrían llegar a tener responsabilidad de los hechos que se investigan, y a favor de quienes se levantó la reserva legal el día de hoy 27 de mayo de 2021, aproximadamente a las 12:00 horas, como corresponde conforme a la ley.
Las personas aprehendidas son:
1.- Gustavo Adolfo Oliva Blanco
2.-José Daniel Monterroso Villagrán
3.- Edgar Corado Samayoa
4.- Marco Antonio González Taracena
5.- Enrique Cifuentes de la Cruz
6.- Víctor Augusto Vásquez Echeverría
7.- Juan Francisco Cifuentes Cano
8.- Eliseo Barrios Soto
9.- Edgar Virgilio de León Sigüenza
10.- Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth
11.- Rone Rene Lara
Delitos que se investigan:
Delitos contra Deberes de Humanidad, Asesinato, Asesinato en Grado de Tentativa y Desaparición Forzada.
La Fiscalía de Derechos Humanos reiteró su compromiso en la investigación de violaciones a Derechos Humanos, en el contexto del Conflicto Armado Interno, con respeto a los principios de debida diligencia, objetividad y en la búsqueda de la verdad de los hechos en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Guatemala, atendiendo a los principios de libre consentimiento y de la buena fe, y la norma pacta sunt servanda.
