16 de diciembre de 2024 - 9:30 AM
Por La Redacción
El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció este lunes la renovación de las medidas restrictivas impuestas a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, al secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, a la fiscal Leonor Morales y al juez Fredy Orellana. Estas sanciones estarán vigentes hasta el 13 de enero de 2026 y forman parte de los esfuerzos de la UE por garantizar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Medidas en vigor
Las restricciones incluyen la prohibición de entrada y tránsito por los estados miembros de la Unión Europea, así como la congelación de activos. Además, los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido facilitarles fondos. El Consejo advirtió que podría imponer nuevas medidas si persisten las amenazas contra la democracia guatemalteca.
Preocupación por el estado de derecho
La UE ha expresado reiteradamente su inquietud por el uso indebido del sistema de justicia en Guatemala. En particular, señaló los intentos de anular los resultados de las elecciones generales de 2023, así como los continuos ataques contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, electo democráticamente.
“El Consejo sigue vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione el estado de derecho”, señaló en su comunicado. Asimismo, reafirmó su disposición a colaborar con el gobierno de Arévalo en temas clave, como el fortalecimiento del estado de derecho, el desarrollo económico sostenible e inclusivo y la promoción de la justicia social en beneficio del pueblo guatemalteco.
Contexto de las sanciones
Las medidas restrictivas fueron introducidas por la Unión Europea el 12 de enero de 2024, tras las elecciones de 2023 que dieron como resultado la victoria de Bernardo Arévalo. Según la Misión de Observación Electoral de la UE, estos comicios reflejaron la voluntad del pueblo guatemalteco. Las sanciones buscan responsabilizar a quienes han socavado la democracia, obstaculizado la transición pacífica del poder y erosionado el estado de derecho.
Con la prórroga de estas sanciones, la Unión Europea envía un mensaje claro sobre su compromiso con la defensa de los valores democráticos y su apoyo a la estabilidad política en Guatemala.
