30 de julio de 2024 - 6:30 PM
Por La Redacción/Con información de AGN
El Gobierno de Guatemala alertó y rechazó el secuestro del padrón electoral del Tribunal Supremo Electoral por parte del Ministerio Público (MP), señalando riesgos para la ciudadanía por la tenencia de datos sensibles.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, indicó que ahora el ente investigador posee información de más de 9.3 millones de guatemaltecos que integran el padrón electoral y que se podría utilizar para fines espurios.
El padrón electoral consiste en la base de datos del Tribunal Supremo Electoral sobre la población apta para emitir voto. Sobre cada persona contiene:
- Nombre completo
- Dirección de residencia
- Fotografía
- Número de teléfono
- Código único de identificación, conocido como número de DPI
- Registro de si hubo voto o no y, en caso de ser afirmativo, el lugar donde votó
Debido al contenido del padrón electoral, Palomo advirtió riesgos para los ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras de Votos.
Remarcó que el MP (encabezado por la fiscal general Consuelo Porras) es una institución señalada de criminalizar a ciudadanos, periodistas, operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos, y que insiste en sabotear el último proceso electoral.
Señaló que esta vez el MP intenta amedrentar incluso al corazón y legitimidad del proceso, refiriéndose a los ciudadanos que voluntariamente participaron en las juntas receptoras de votos y cumplieron con su deber cívico de resguardar el voto libremente ejercido.
Demanda reforma a la Ley Orgánica del MP
Tanto en conferencia de prensa como en un mensaje difundido por redes sociales, el secretario Palomo urgió a los partidos políticos y las autoridades electas en el pasado proceso electoral (alcaldes, síndicos y diputados) a manifestarse en contra de este flagrante atropello.
Además, exigió al Congreso de la República retomar la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para cumplir con la constitución. Dicha propuesta de reforma fue presentada por el presidente Arévalo a inicios de mayo en el Palacio Legislativo para restablecer los mecanismos de la Constitución Política de la República de Guatemala para la remoción de quien ocupe el cargo de fiscal general.
